Piquete con muerto
Carlos Mira
Periodista. Abogado. Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Finalmente ocurrió lo que muchos presagiaban: un camionero embistió contra un piquete en Santa Fe matando a una persona e hiriendo a otras cinco. Más allá de que pruebas posteriores demostraron que el conductor tenía un dosaje de alcohol en sangre que superaba los límites de la ley, estaba escrito que un día el hartazgo y la impaciencia iban a superar a la resignación y alguien iba a atropellar a los que cortaban las calles o las rutas.
Se llega asi a un resultado probablemente buscado por los propios activistas que tendrán su trofeo de guerra para mostrar la profundidad de su lucha, tal como pedía Lenin en su decálogo revolucionario.
La vida no es un valor sagrado para quien se propone la toma del poder: solo es una mercancía que incluso puede cotizar alto en el camino del objetivo trazado.
Frente a esto y a lo que todos los días estamos viendo en las calles y avenidas de las ciudades y en las rutas del país, las instituciones de la Argentina se presentan como manifiestamente incompetentes para lidiar con el fenómeno. No tienen idea de cómo encararlo, temen que su accionar se les vuelva en contra, carecen de la formación profesional y de las herramientas para dejar a salvo los derechos de la democracia civilizada y quedan a expensas de la fuerza bruta.
Esta vez la fuerza bruta de un lado se topó con la fuerza bruta del otro. Casi 500 años de evolución del Derecho transcurrieron justamente para establecer canales de solución de conflictos que inhibieran a unos de ejercer la violencia contra otros para dirimir esas disputas.
Pero la Argentina es un país completamente amateur en esta materia especialmente. Lo es en general porque hay mucha gente que ignora los palotes de la tarea que se supone debe desempeñar. Pero en materia de fuerzas de seguridad parecería haber una especie de “master” en incompetencia y no-profesionalismo.
La clásica definición weberiana de Estado (que es quien monopoliza el uso de la fuerza, justamente, en defensa de la preservación del Derecho) está completamente ausente en el país.
La Argentina no ha podido organizar fuerzas equipadas, entrenadas e instruidas para disipar civilizadamente concentraciones que impiden el libre ejercicio de derechos al resto de la sociedad.
Como consecuencia de esa falencia ese resto de sociedad debe soportar ser rehén de la extorsión y del caos que los activistas manipulan para hartar, cansar, hacer bajar los brazos; para, en definitiva, soliviantar las bases de defensa de la democracia y avanzar sobre ella hacia el poder.
El gobierno de Cambiemos que prometió modificar esa tendencia sigue en deuda con su compromiso. No ha podido, en el tiempo que lleva en el gobierno, instrumentar una acción coordinada de las fuerzas de seguridad para retirar a la gente de las calles y menos aún para garantizar la vigencia de los derechos civiles a la sociedad honrada que quiere trabajar en paz.

La sociedad y la prensa tampoco son inocentes en esta materia. Hay una profunda ignorancia y una antigüedad intelectual muy marcada en muchos actores sociales y en muchos periodistas. Esa ignorancia incluye no saber lo que ocurre en otros países (de cuya democracia nadie dudaría), cuando grupos de fuerza pretenden ganar el espacio público a expensas de los demás.

Si bien existe en esos países una profesionalidad avanzada y clara respecto de lo que hay que hacer, cómo hacerlo y con qué hacerlo, el trato con quienes violan la ley suele ser muy duro y no precisamente “elegante”. Cualquier fuerza de seguridad que intentara esas maneras en la Argentina o cualquier gobierno que las ordenara serían etiquetados como “represores”, “genocidas” y “violadores de los derechos humanos”.

Es tal la confusión y la ignorancia lisa y llana que hay en este terreno que uno se pregunta por dónde podría comenzar el ciclo de reversión de esta tendencia insana.
Pero de lo que no hay dudas es de que mientras no se inicie un proceso serio de profesionalización de las fuerzas -que incluya hasta su aspecto físico, desde el que se comience a trasmitir una sensación importante de autoridad- la cuestión no tendrá solución.
No es posible que muchos de los integrantes de la policía presenten condiciones de fitness que no aprobaría ni un profesor inicial de educación física en un colegio primario.

Ese aspecto exterior explica muchas de las reacciones que la propia sociedad tiene con los agentes del orden porque son ellos, desde su mismísimo aspecto, los que no trasmiten una imagen de respeto.

El tema es muy profundo y, como se ve, incluye desde cuestiones a simple vista secundarias hasta temas filosóficos que si no se entienden y alguien no se encarga de explicarlos la cuestión no se resolverá nunca.

Hoy tenemos un muerto producto de que la Argentina se maneja no por el imperio de la ley sino por el imperio de la fuerza. Si alguien quiere detener esto es mejor que empiece rápido a trabajar en la profesionalización de las fuerzas y en la educación general de la sociedad. Tareas que deben darse al mismo tiempo para romper el círculo vicioso del huevo o la gallina.


 

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