Los argumentos de una dictadura
Gabriela Calderón de Burgos
Es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador). Se graduó en el 2004 con un título de Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College of Pennsylvania. Desde enero del 2006 ha escrito para El Universo (Ecuador) y sus artículos han sido reproducidos en otros periódicos de Latinoamérica y España como El Tiempo (Colombia), La Prensa Gráfica (El Salvador), Libertad Digital (España), El Deber (Bolivia), El Universal (Venezuela), La Nación (Argentina), El Diario de Hoy (El Salvador), entre otros. En el 2007 obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University.


En lo que va de abril, el Gobierno venezolano ha arrestado a 1.566 personas, según el Foro Penal Venezolano. 816 siguen detenidas. La fiscal general reconoció que han muerto 26 personas y 437 han sido heridas en menos de un mes de protestas.
Todo esto viene luego de reportajes en la prensa internacional acerca de la verdadera tragedia humanitaria que atraviesa Venezuela por la escasez de todo lo básico.

La oposición ha fijado requisitos claves: (1) que Maduro abandone el poder inmediatamente convocando elecciones; (2) que estas sean supervisadas por nuevas autoridades electorales; y (3) que sean liberados los presos políticos.
Estas son condiciones que un régimen dictatorial no puede permitirse aceptar. Es en este contexto que finalmente ha reaccionado gran parte de la comunidad internacional condenando la dictadura. El Gobierno de Ecuador, en cambio, ha expresado una postura legalista que solo favorece a la dictadura: (1) la oposición debe acudir a la justicia; (2) participar en un diálogo con la dictadura; (3) evitar injerencia en asuntos de ese país; (4) y, respetar el orden vigente.
Este comunicado podrá servir para engañar a los ingenuos. En Venezuela el poder Judicial es un apéndice del Gobierno, que se ha convertido en su punta de lanza para someter a las demás instituciones y perpetuarse en el poder. Decirles a los venezolanos que acudan a esas instituciones a pedir justicia es una broma de mal gusto.
El diálogo ha demostrado varias veces que solo compra tiempo a un gobierno que sigue asfixiando a quienes se resisten, a pesar de la violenta represión oficial, a vivir en dictadura.
La tan cacareada soberanía a la cual apelan gobiernos dictatoriales, como el de Venezuela, no resiste el mínimo análisis. Los estados miembros de la OEA se unieron a dicho club voluntariamente y, por ende, sin perder su soberanía. Parte del “paquete” de estar en este club supuestamente es respetar principios como aquellos reflejados en la Carta Democrática Interamericana. Países como Venezuela y Ecuador gritan “¡injerencia!” cuando se pretende hacer un llamado de atención a cualquier gobierno por violación a esta carta, pero en realidad no hay tal cosa, dado que no pasa de ser una condena simbólica.
Injerencia sí es cuando un gobierno extranjero controla a los notarios públicos y registros civiles. También cuando controla los sistemas electrónicos de la presidencia, los ministerios, la policía, los servicios de seguridad y la empresa petrolera estatal. Ciertamente hay una violación de la soberanía cuando las Fuerzas Armadas de un país no deciden sino que deciden por ellos militares extranjeros. Esta tremenda injerencia en Venezuela la ha realizado Cuba desde que Hugo Chávez se entregó a los brazos de Fidel Castro y ciertamente se ha intensificado desde que Maduro llegó a la Presidencia.
Finalmente, la cereza en el pastel es que quienes llegaron al poder para destruir todas las instituciones de una democracia liberal, cosa que efectivamente hicieron tan pronto arribaron, ahora exigen el respeto de una institucionalidad que todos sabemos que solo puede favorecerles a ellos. Nuestro canciller, que tuvo la fortuna de vivir en países con una antigua institucionalidad como Francia e Inglaterra, seguramente lo sabe y aún así emitió ese vergonzoso comunicado.

Este articulo fue originalmente publicado en El Universo (Ecuador) el 27 de abril de 2017. Publicado en Cato Institute.
 

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