Detener el progreso ¿beneficia a los postergados?
Hernan Büchi


Hernán Büchi explica cómo el crecimiento económico y no las políticas de distribución han mejorado las condiciones de vida de los más pobres en Chile.
El Gobierno actual llevó al país a un estancamiento de su progreso económico. Lo hemos expresado con anterioridad y aun suponiendo un mayor dinamismo hacia fin de año, ningún antecedente surgido en el último tiempo augura un cambio dramático que modifique ese diagnóstico. Por el contrario, todos lo ratifican.
Reconociendo en parte esta realidad -pero sin aceptar la gravedad que reviste-los defensores de la actual gestión la justifican indicando que se han sentado las bases para una nueva dinámica que beneficiará a los postergados. Debemos descartar el implícito de una superioridad moral en las políticas actuales y sus promotores -que supuestamente estarían preocupándose por los más débiles y poniéndolos como prioridad- lo que no se habría hecho antes, o al menos no con la profundidad requerida.
El período de progreso innegable que vivió Chile, y que hoy parece despreciarse en gran parte de los planteamientos de los líderes políticos, tuvo como sustento propuestas realistas, basadas en un sentido común compartido y en una preocupación honesta por beneficiar a las grandes mayorías. Ya en la década del 70 se iniciaron los esfuerzos para identificar quiénes eran los más vulnerables, conocer sus realidades y poder diseñar opciones eficaces para que pudieran surgir.
Nace así el Mapa de la Extrema Pobreza, que evoluciona hasta la actual encuesta CASEN, aún vigente. De hecho, el análisis reciente sobre la desigualdad en Chile del PNUD, utiliza abundantemente los datos de su versión 2015. No es posible, entonces prejuzgar en base a una hipotética superioridad moral de unos sobre otros. Hay que valorar la eficacia en el logro de los objetivos perseguido suponiendo intenciones equivalentes. En ese aspecto, la trayectoria de Chile en las últimas décadas tiene la ventaja de mostrar resultados que superan a cualquier otra época y que lo comparan en buena forma con lo logrado en otras latitudes.
El elemento clave del consenso en el período de prosperidad, fue la relevancia dada a lograr un progreso económico acelerado con el fin de favorecer a los postergados, como sea que los definamos, pobres extremos, pobres relativos o grupos perjudicados en un país desigual. Con dolor, el país aprendió lo que parece estar olvidando: que sobreponer al objetivo de progreso otros fines más ideológicos, como cambios sociales estructurales, perjudican al país entero y con mayor fuerza a los más débiles.
Un análisis del período 1990-2013 de Libertad y Desarrollo, muestra que la gran reducción de la extrema pobreza se debió en más de un 70% al crecimiento económico y solo el resto a políticas redistributivas. Esto no considera que con un menor crecimiento la redistribución lograda probablemente habría sido imposible o ineficaz, por las tensiones políticas que el estancamiento produce.
En contraste con el legado de estancamiento y las promesas del efecto futuro de los cambios que este Gobierno ha realizado, están los notables avances en materia social y de bienestar obtenidos en los períodos anteriores.
La mortalidad infantil, superior a 28 por mil nacidos en 1980 se reduce a 7 el 2015. La esperanza de vida,antes menor a 70 años supera hoy los 80 según el Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Con ello, Chile queda a la par de los cuatro líderes en dicho índice. El mismo índice estima que los años de educación en Chile superan hoy los 16, no lejos de Suiza o Alemania. En el caso de los adultos, herencia de nuestro pasado más pobre, los años promedio de educación bordean los 10. Más del 40% de los jóvenes de 25 a 40 tienen una formación complementaria a la educación media, mientras que en los adultos mayores solo un 10% lo consiguió. La cobertura de agua potable, alcantarillado y vivienda tienen también avances notables, como muestran la serie temporal de la encuesta CASEN y otros antecedentes.
Es cierto que existen diferencias sobre lo que queda por avanzar, especialmente cuando dejamos de intentar resolver el tema de los postergados y nos enfocamos en las desigualdades. Pero al adentrarnos en ese territorio, no debemos perder de vista que todos los avances antes descritos representan mejoras innegables en cualquier medición de la desigualdad. Los niños desnutridos y que fallecían a corta edad, los jóvenes que no se educaban, los adultos que morían antes de tiempo, las familias sin condiciones sanitarias mínimas eran todos parte de los grupos más postergados. Si los promedios del país mejoraron es porque ellos mejoraron. En los aspectos más básicos y humanos los chilenos son hoy mucho más iguales gracias al progreso económico.
Incluso cuando nos restringimos a la desigualdad medida a través de los ingresos, el mismo informe del PNUD constata importantes avances. Entre el 2000 y el 2015 los ingresos reales del decil más pobre aumentaron en un 145% y los del más pudiente un 30%.
Cabe recordar que la desigualdad medida por ingresos tiene muchas consideraciones técnicas y es una lástima que se use con liviandad para posturas políticas grandilocuentes. Si incluimos como ingreso las transferencias en educación, salud, vivienda, etc., el llamado coeficiente de Gini mejora en 11 puntos. Si analizamos por subgrupos, los jóvenes, con un nivel de educación más homogénea en el Chile de hoy, son más iguales que la población mayor. Ello augura una mejora paulatina a futuro.
Cuando comparamos países, además de los problemas de equivalencia en los datos, aquellos con pirámides poblacionales más jóvenes serán más desiguales que la de países maduros. El ingreso que imputamos al 1% más rico se confunde pues es un ingreso devengado y no percibido. No representa lo que pueden gastar, sino lo que pueden decidir mientras lo mantengan invertido y generen productos competitivos. La alternativa es que esas decisiones se tomen con mucho menos responsabilidad por los aparatos políticos. El fracaso de esa opción ha sido reiterado, pero se sigue intentando como lo muestra el patético caso venezolano.
Pero es peligroso usar definiciones imprecisas sobre cuáles son los postergados que deben apoyarse. El informe del PNUD muestra que las percepciones de desigualdad son más negativas que la realidad. No solo en Chile. Países como Italia o Eslovenia con mejores coeficientes de Gini que Chile, tienen percepciones incluso peores. Es fácil que el proceso político exacerbe las percepciones y adopte decisiones que terminen entorpeciendo el progreso. El estancamiento y la postergación de los postergados será la consecuencia inexorable e inevitable.
Los grandes cambios que promueve el Gobierno tienen desgraciadamente ese sello. En lo laboral se favorece a los monopolios. La educación se burocratiza, se cercenan las posibilidades de elección de los padres y se dificulta de paso la excelencia. Los cambios tributarios perjudican el ahorro, la inversión y la innovación. Todos ellos, directamente o vía expectativas, han ayudado a que el progreso de detenga. Los postergados, como quiera que los definamos, como siempre, pagarán la cuenta.


Este artículo fue originalmente publicado en El Mercurio (Chile) el 2 de julio de 2017 y en Cato Institute.
 

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