Salario mínimo o la incoherencia de los políticos
Alejandro A. Tagliavini
Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland (California). Galardonado con el Premio a la Libertad, otorgado por Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Cuatro de cada diez personas en México viven debajo del umbral de la pobreza y ocho de cada 10 están en situación de extrema carestía. El 5% de los trabajadores cobra el “salario mínimo” impuesto por el gobierno y uno de cada tres no llega al doble. El problema es que este “salario mínimo” —entre los más bajos de Latinoamérica— es de 80 pesos diarios, o sea unos 115 dólares al mes.
Y, según el propio gobierno, este ingreso es insuficiente para que una familia de dos miembros pueda comprar lo más básico, de acuerdo con los cálculos del Coneval, el organismo que evalúa las políticas sociales. Ni hablar si el hogar está compuesto —como suele suceder— por cuatro o más personas.
De modo que la pregunta no es si hay que subirlo o no, todos coincidiremos en que debe aumentar lo más posible, el tema es cómo. La solución facilista —que solemos proponer antes de razonar y encontrar soluciones sabias— es la de que se obligue a los empleadores a pagar más, que el gobierno, utilizando su monopolio de la violencia, fuerce una ley que obligue a aumentar el salario. Así el Estado mexicano, patronales y sindicatos están debatiendo un aumento hasta los 94 pesos por día que sigue siendo muy poco.
En Argentina, el “salario mínimo” impuesto por el gobierno llega a 570 dólares mensuales y en los EE.UU. —que tiene un nivel de productividad muy superior— alcanza a unos 10 dólares por hora, unos 1.800 mensuales. Pero en México, donde el “mínimo” es más bajo la desocupación también lo es y llega solo al 3,3%, mientras que en Argentina alcanza al 9,1% y en EE.UU. está en el 4,3% de la población económicamente activa. Y es preferible una persona ocupada, aun con sueldo bajo, antes que un desocupado marginado que no recibe nada.
Ahora, es casual que a mayor “salario mínimo” mayor sea la desocupación o existe una relación entre el nivel de ambos factores. Sucede que la violencia destruye, por tanto, las leyes estatales destruyen y conducen a que queden desocupados quienes deberían ganar más que el “mínimo” impuesto por el gobierno, porque nadie contratará a un obrero si tiene que pagarle más de lo que puede para sostener su rentabilidad.
Para aumentar el sueldo realmente lo que debe hacerse, primero, es bajar los impuestos porque estos necesariamente terminan siendo pagados por los más pobres ya que los empresarios, por caso, para abonarlos suben precios o bajan sueldos. Luego, hay que dejar que el mercado se capitalice y demande más mano de obra, provocando de este modo un aumento en los salarios.
En México, insólitamente, la mayor oposición al aumento del “salario mínimo” no proviene de los empresarios, sino del Estado y sus sindicatos afines porque temen un efecto “inflacionario” y tienen razón. Es que si un gobierno fuerza a las empresas a aumentar los salarios, estas no tienen otra solución que aumentar los precios aun a riesgo de perder clientes. En cambio, cuando el mercado se capitaliza y aumenta el desarrollo tecnológico, aumenta la productividad y, por tanto, el empresario puede subir los sueldos sin aumentar los precios.
Insólitamente, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), EE.UU. y Canadá insisten en que México aumente los salarios, especialmente el “mínimo”, porque consideran que su vecino del sur compite deslealmente, dado que sus políticos mantienen bajos los costos de producción, al impedir el aumento de estos sueldos miserables.


Publicado en Cato Institute.
 

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