Movimiento Mapuche: ¿Víctimas, delincuentes o terroristas?
Hanna Fischer
Analista política uruguaya.


Hana Fischer señala qué organizaciones articulan el movimiento Mapuche y cómo con el argumento de "derechos ancestrales" y protección del medio ambiente este movimiento logra obtener propiedades de otros, precisamente cuando éstas se han vuelto valiosas.
La desaparición del activista pro indígena argentino Santiago Maldonado puso sobre el tapete la cuestión del movimiento Mapuche. En Chile este grupo es muy conocido porque desde hace dos décadas viene actuando con violencia en el sur de esa nación. En cambio en Argentina, aunque utiliza métodos parecidos, hasta ahora había pasado desapercibido.
Los mapuches tienen defensores y detractores; unos los consideran víctimas históricas del despojo y la discriminación; otros, simple delincuentes; y un tercer grupo, los catalogan de terroristas.
¿Por qué existe un rango tan amplio de opiniones y hasta contradictorias entre sí?
La explicación es que los “mapuches” —a pesar de que se quiera asentar la idea contraria—  es una comunidad heterogénea, donde coexisten diversos modos de actuar y pensar. Como en cualquier sociedad, en su seno convive gente honrada con delincuentes. Y, al igual que ocurre en todos lados, es muy posible que los primeros censuren a los segundos, y hasta sean sus primeras víctimas.
Lo que da pie a las reclamaciones de esta comunidad indígena son básicamente dos cosas: La primera, que suelen vivir en condiciones miserables y ser tratados como inferiores. La segunda, estrechamente ligada a la anterior, son las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que propusieron el concepto de “pueblo originario”. En ellas, se estipula la necesidad de reconocer “las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”. Estas premisas generarían el derecho a reclamos territoriales.
Y aquí el diablo mete la cola. Es decir, grupos políticos extremistas que utilizan ese contexto para imponer sus ideas totalitarias. Ahí surge el terrorismo, cuya excusa es la creación de un Estado mapuche independiente. En medio, están los delincuentes que aprovechan la situación para beneficio propio.
O sea, hay tres grupos humanos cuyas fronteras son porosas, que están involucrados en el tema mapuche. Por eso la situación es tan compleja y difícil de resolver. Pero lo cierto es, que los “vivos” utilizan a gente pobre e ingenua para alcanzar sus propios fines ocultos.
Por otra parte, el movimiento Mapuche, para ganar la pulseada ante la opinión pública internacional, se presentan como “pequeñas comunidades indígenas que reclaman por la reparación histórica tras más de un siglo de despojos”, enfrentada en desigual lucha, a “grandes corporaciones”.
Pero la verdad es otra. Son varias organizaciones, algunas con importantes apoyos económicos y logísticos. Entre ellas está Enlace Mapuche Internacional, fundada en 1996, con domicilio en 6 Lodge Steet, Bristol, Inglaterra. O Resistencia Ancestral Mapuche, que desde fines de 2013 viene realizando actos delictivos violentos en el sur de Chile y Argentina: extorsionan, hacen sabotajes, agreden a personas, ocupan tierras ajenas e incendian propiedades. Además, reivindican la lucha armada.
Un dato que no debería pasar desapercibido, es el momento en que estos grupos de indígenas, otrora pacíficos, se tornaron violentos: la década de 1990. Fecha que coincide con la fundación del Foro de San Pablo, desde donde se impartieron tácticas para que las izquierdas radicales obtuvieran el poder en sus respectivos países. En consecuencia, es de temer que con la “excusa” de subsanar injusticias históricas contra los mapuches, acaben por instalar un totalitarismo al estilo cubano o venezolano.
La estrategia utilizada es la siguiente: comienzan por “tomar” predios y estancias con el pretexto de que están reclamando “derechos ancestrales”. Al hacerlo, ignoran títulos legítimos de propiedad que exhiben los damnificados, algunos de larga data. Por ejemplo, Compañías Tierras del Sud Argentino cuyos campos en la Patagonia (356 mil hectáreas), tienen una historia que puede rastrearse hasta 1891.
O las tierras que fueron adquiridas por la familia Benetton en 1991, que nunca habían sido reclamadas con anterioridad. Pero, súbitamente, algunos mapuches “se dieron cuenta” de que pertenecían a sus “ancestros”. Por consiguiente, en 2015 el grupo Pu Lof les ocupó 1875 hectáreas, con el fin de instalar allí un enclave mapuche mientras espera “apoderarse” en forma definitiva de ellas, la comunidad plantó frutales e intentó mantener una huerta, pero esos emprendimientos fracasaron.
Por otra parte, el argumento de la lucha de pequeñas comunidades contra “grandes capitalistas internacionales” no se sostiene, al constatar que también despojan a pequeños propietarios. Entre ellos a Fernando Galván, un agricultor de Neuquén cuya chacra de 80 hectáreas fue comprada por su padre, quién plantó allí frutales. Esas tierras fueron reclamadas por la comunidad Mardones, que terminó ocupándola.
Un dato revelador es que mientras esas “tierras ancestrales” eran tan solo “desierto”, sin valor económico, a estos grupos violentos no les interesaban. Pero una vez que se valorizaron mediante el trabajo ajeno —cultivos de alfafa, feed lots, plantaciones de perales y manzanos— “recordaron” que les pertenecían. En la actualidad, el precio de la hectárea en esos lugares ronda entre los $5.000 y  $25.000.
En consecuencia, ¿el móvil es la “justicia” o el robo descarado del fruto del trabajo ajeno? ¿Víctimas o delincuentes?
En esa misma línea está demostrado que hay un negocio millonario detrás de esas “reivindicaciones”, por lo menos en Argentina. Y que a esos grupos violentos sólo les interesan las tierras con gran potencial económico. Por ejemplo, el conflicto estaba concentrado en la zona de Loma de la Lata;  pero, desde que en Vaca Muerta se descubrió un mega-yacimiento de petróleo y gas no convencional, allí también fueron los revoltosos.
La plataforma es el reconocimiento estatal de su preeminencia histórica. Esos ingresos son: pagos por reparación ambiental, por derecho de uso de “tierras ancestrales” y por la contratación compulsiva a las comunidades mapuches de servicios tercerizados.
Las cifras que obtienen por esos conceptos son impresionantes. Por ejemplo, en los últimos tres años la comunidad Kaxipayiñ cobró unos $10 millones. Además, entablaron un juicio reclamando $500 millones por concepto de daño ambiental en el yacimiento Loma de la Lata (Argentina).
En su retórica, la defensa del medio ambiente ocupa un papel central. Pero también en este asunto, hay dudas sobre su sinceridad. Por ejemplo, los Benetton se dedican a la cría de ovinos. Más natural imposible. Ergo, ¿por qué ocuparon sus tierras?
También está denuncia de la petrolera argentina YPF, quien señala que son los propios grupos mapuches los que han obstaculizado o impedido la aplicación de medidas para recuperar tierras afectadas por la explotación petrolera. Afirma que la organización mapuche presionó para que se contratara los servicios de una “consultora ambiental” de la propia comunidad, que ya lleva cobrado más de $500 millones. Mientras no lo hizo, hubo piquetes, agresiones a los trabajadores y le impidieron el acceso a las áreas de extracción petrolera.
Además —como suele suceder en estos casos— los “dividendos” no se reparten en forma equitativa entre todos los miembros de la comunidad mapuche. Los líderes han incrementado en forma colosal su nivel de vida mientras que los otros siguen igual o peor que antes.
Para colmo, los mapuches de Argentina ni siquiera son su pueblo originario. Los primeros habitantes de la Patagonia fueron los fueginos y los pámpidos. Esas comunidades fueron exterminadas durante el siglo XVIII por los mapuches…

Este artículo fue publicado originalmente en Panam Post (EE.UU.) el 22 de septiembre de 2017.
 

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