La gobernanza pública es un neo-republicanismo 2.0
Javier Cubillas
Coordinador del Programa de Jóvenes Investigadores y Comunicadores Sociales, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Nos encontramos finalizando el año 2017, gratamente insertos, en un ambiente de amplia y abierta discusión sobre los modelos de gestión y gobierno en buena parte de América Latina. Como claro ejemplo de ello, el 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires se realizará el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017 (OGP-2017) que se estima reunirá a más de 2.000 representantes de 18 países de la región para comunicar experiencias exitosas de Gobierno Abierto.
 
En consonancia con el espíritu aperturista y los fines del evento hace unos años atrás escribimos sobre la necesidad de consagrar un nuevo esquema de gobierno en el libro Propuestas para una Nueva Argentina (F.Atlas, F.FNaumann, Independent Institute, RELIAL, 2015) en donde escribimos un primer ensayo titulado: Hacia una nueva gobernanza pública que supere el populismo.
 
Poco tiempo después, avanzamos con precisar las instituciones necesarias para desarrollar la Gobernanza Pública bajo una nota de opinión titulada: Las instituciones de la gobernanza liberal para Latam, publicado en Fundación Atlas (ARG), en Reflexiones de Caminos de la Libertad (MX) y con posterioridad, en el libro Doxarquía: Ensayos sobre Asuntos Públicos (2017)
 
En este sentido, la perspectiva de la gobernanza pública que proponemos es un modo de gobierno ampliado con base en cinco pilares institucionales:
 
1.     Descentralización Administrativa,
2.     Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa,
3.     Código de Ética Pública o Integridad y regulación del lobby,
4.     Mecanismo de Legislación y Presupuesto Participativo, y
5.     Gobierno Abierto y Auditoría de Datos.
 
Estas instituciones conforman el bloque legal e institucional de la realización de la gobernanza pública. Por las características que poseen los cinco pilares institucionales, al pensarlos y aplicarlos en bloque, resulta fácil advertir que son instrumentos más efectivos para su extendido y rápido desarrollo en las diversas instancias y niveles de gobierno de países como Costa Rica, Uruguay o Chile.
 
En cambio, pueden encontrar mayores resistencias por razones de cultura política,  escala y magnitud territorial y poblacional, países como Argentina y Brasil. Por esto, mecanismos de descentralización, integridad, presupuesto participativo –desde y para el nivel federal- se tornan de una enorme dificultad de aplicación por requerirse de mayores esfuerzos de consenso y coordinación político-cívica. Pero por ello, resulta aún de mayor importancia su llamado a la institucionalización y aplicación con los recaudos y tiempos necesarios para cada caso.
 
Hechas estas salvedades sobre su implantación, creemos que el bloque legal e institucional de gobernanza pública es un acto de recuperación y actualización del pensamiento republicano (I. Kant, C.L. Montesquieu, J. Madison) que reconoce además los aportes de las nuevas tecnologías de la información 2.0 con sostén en la programación con código abierto y Blockchain, entre otras tecnologías aplicadas para gobierno electrónico - digital.
 
Por esto, las instancias de deliberación e innovación abierta como las Start–ups o Aceleradoras, GovLab o Laboratorios de Gobierno, Camps o Hackatones, buscan afianzar la idea de que es posible y real la concreción de las perspectivas deliberativas de co-creación de las políticas públicas sin perder de vista la faz agonal que toda sociedad posmoderna y compleja posee. 
 
Finalmente, el bloque legal e institucional de gobernanza pública es una perspectiva conceptual y practica de coaliciones de gobiernos que apuestan a implantar un neo republicanismo con perspectiva 2.0, con vistas a simplificar todas las políticas públicas que permitan el transito del Gobierno al Estado Abierto, transparentando los debidos procesos de decisión pública, fomentando la participación de sectores sociales y afianzado la educación cívica de las personas inmersas en los vigentes regímenes constitucionales de tradición liberal, republicana y democrática.
 

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