El Perú, país podrido
Alvaro Vargas Llosa
Director del Center for Global Prosperity, Independent Institute. Miembro del Consejo Internacional de Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Escribo estas líneas en Lima mientras veo desmoronarse algo mucho más importante que la Presidencia del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, el hombre que traicionó a millones de votantes, yo incluido, por lo que ocultó y lo que hizo, y que se ha ganado en la historia un lugar en la larga lista de gobernantes ignominiosos.
Lo que veo desmoronarse es al sector moral del país, también llamado, según las circunstancias, “democrático” o “decente”. Todos los presidentes que ha tenido el Perú desde el retorno de la democracia por obra de ese sector están presos, fugados o bajo investigación. Todos ellos ganaron las elecciones porque ese sector moral, muchas veces haciendo de tripas corazón, evitó que volvieran al poder quienes en los años 90 habían convertido la política peruana en una pocilga pestilente. Pero, periodo a periodo, el deterioro institucional y político, a pesar de una economía razonablemente funcional luego de un episódico “boom” relacionado con las materias primas, iba facilitando ese perverso proceso mediante el cual un país relativiza los males del pasado y pierde la capacidad de transmitir de generación en generación las lecciones de la historia reciente.
Ese deterioro sólo podía desembocar, a la corta o la larga, en una catástrofe. Ella llegó bajo la forma de Pedro Pablo Kuczynski, que, burlándose de sus electores y enterrando la memoria de lo sucedido en los años 90, pactó en diciembre pasado con Alberto Fujimori un indulto inconstitucional e inmoral a cambio de unos votos que le permitieron evitar su destitución. Ese pacto era innecesario, además de vil porque envolviéndose en la bandera democrática había logrado, en vísperas de la votación, embarcar a todo el sector democrático detrás suyo, lo que a su vez ejercía sobre el Congreso una presión que permitía augurar su triunfo sin necesidad de hacer lo que acabaría haciendo.
¿Cuál fue la consecuencia del pacto mefistofélico? Convirtió a Kuczynski en un rehén de Fujimori, del que a partir de ese momento dependía su continuidad. Como la primera fuerza del Congreso era la de la hija de Fujimori, el pacto de Kuczynski equivalía a hacer de la democracia peruana una guerra sin cuartel entre dos facciones del fujimorismo, es decir entre dos herencias de los años 90, dispuestas a usar cualquier método en su confrontación: una gubernamental y otra opositora.
Pactar con el fujimorismo no es algo que pueda hacerse limpiamente. Hoy sabemos que detrás del pacto hubo una negociación turbia, que además del indulto el gobierno de Kuczynski otorgó a algunos de los parlamentarios del fujimorismo que mudaron sus lealtades para salvar su Presidencia favores de distinto tipo. Los indicios apuntan también a que ese comercio pudo haber generado comisiones para quienes traicionaron a la hija de Fujimori atraídos por el padre y el hermano, mudados en operadores de Kuczynski.
Era inevitable, una vez que Kuczynski unió su destino a esa facción del fujimorismo, que la otra se cobrara la revancha. No iba a ser difícil cobrarse esa revancha, pues Keiko Fujimori y los suyos sabían bien que Kuczynski, Alberto Fujimori y Kenji Fujimori estaban utilizando métodos ruines para comprar la permanencia del primero en el cargo. Una permanencia que aseguraba a Fujimori seguir en libertad y preparaba el terreno para que el hijo, con respaldo del Estado, fuera candidato presidencial en 2021 (algo que Kuczynski necesitaba para protegerse una vez que estuviera fuera del poder, pues las revelaciones acerca de sus conflictos de interés en los tiempos en que había sido ministro de Alejandro Toledo le ofrecían un horizonte penal inquietante).
Todo lo que tenía que hacer Keiko Fujimori era esperar que, ante un nuevo intento de destitución, Kuczynski y el hijo de Fujimori pusieran en marcha la maquinaria para asegurarse votos suficientes en el Congreso. Esa maquinaria era la misma que había marcado con hierro los años 90: la corrupción.
Así fue como el fujimorismo de Keiko, usando métodos típicos de los años 90, grabó clandestinamente varios videos y audios de operadores políticos, abogados, aliados y funcionarios de Kuczynski tratando de sobornar a parlamentarios del fujimorismo opositor con ofertas de obra pública, colocaciones en el Estado, acceso directo al primer mandatario y otras prebendas. Los videos y audios que salieron a la luz pública el martes de esta semana son el resultado de ese ajuste de cuentas del fujimorismo opositor contra el fujimorismo gubernamental, con Kuczynski en un rol de aliado de la corrupción política, la resurrección de los métodos de los años 90 y el desprecio de la memoria histórica.
Por eso el sector moral, democrático y decente del país se ha desmoronado y debe empezar a reconstruirse. Una parte de ese sector, por ingenuidad y por temor a las alternativas, eligió en semanas recientes, a pesar de la traición de Kuczynski y las graves consecuencias, respaldar al Presidente, lo que equivalía a respaldar al fujimorismo gubernamental del que Kuczynski era rehén. Lo hizo a pesar de que la información acerca de los conflictos de interés en que había incurrido el mandatario en sus tiempos de ministro era cada vez más abundante y comprometedora. Más de cuatro millones de dólares fueron generados por asesorías de Kuczynski o de un socio suyo a Odebrecht a lo largo de varios años, nacidas de concesiones otorgadas por el Estado en las que el renunciante mandatario había tenido participación directa como funcionario de muy alto nivel. El grueso de ese monto acabó siendo transferido a cuentas de Kuczynski o de empresas suyas, e incluso una parte fue utilizada para su primera campaña electoral en 2011. Esto no equivale a los sobornos que pidió Alejandro Toledo directamente a Odebrecht siendo Presidente, pero se les parece mucho, sólo que tienen un grado bastante mayor de sofisticación. Quizá el suficiente como para que la justicia determine que no hubo delito. O sí. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que esa conducta implica una inmoralidad grave por partida triple: porque beneficiarse económicamente de decisiones que uno toma como funcionario público está reñido con elementales principios de conducta ética; porque el contexto peruano es el de un país que sigue tratando con gran dificultad de superar una de las etapas de mayor podredumbre moral en su vida pública y porque Kuczynski debe su ya extinta Presidencia a ese sector del Perú que hizo posible, en 2001, que la democracia y el estado de derecho tuvieran una nueva oportunidad.
El sector democrático que decidió seguir respaldando a Kuczynski de cara al segundo intento de vacancia le hizo un acto de confianza que ya no merecía. Comprenderán ustedes el golpe moral y psicológico que para esos reincidentes ha sido la retahíla de videos y audios que muestran al gobierno de Kuczynski tratando de sobornar a parlamentarios opositores para ganar la votación sobre su permanencia en el cargo.
Es muy grave para un país cuya clase política toca fondo como le ha sucedido a la peruana que alguna de su mejor gente acabe derrotada y desesperanzada como están hoy buena parte de los ciudadanos que en todos estos años han tratado de que la democracia peruana sea digna de ese nombre.
No pretendo con esto transmitir un mensaje de pesimismo terminal ni de derrota definitiva. Muchos países han pasado por situaciones comparables o mucho peores y han salido de ellas airosamente. Pero el tiempo perdido, más aún en este mundo competitivo y globalizado, tiene consecuencias para las generaciones inmediatas. Y lo que está pasando en el Perú se resume en eso: un enorme tiempo perdido. Porque suponiendo que, de ahora en adelante, empezando por el relevo en la Presidencia y el ascenso del vicepresidente Martín Vizcarra a la jefatura del Estado tras la caída de Kuczynski, todo salga bien, y es demasiado suponer, pasarán años para que se pueda reconstruir la solvencia moral, la credibilidad y la capacidad de tomar decisiones de una clase política y un conjunto de instituciones públicas que han perdido toda respetabilidad.
No hace falta decir lo que eso supone para la economía (que se está otra vez desacelerando), para la sociedad civil (que está enconada consigo misma y polarizada) y para el lugar que el país en cuestión pretende ocupar en el mundo (el desprestigio peruano es tan meteórico como había sido lento y trabajoso el prestigio que se ganó hace algunos años gracias a una democracia que prometía, una economía que atraía y una clase media que emergía).
No sabemos cuál será el destino de Martín Vizcarra, el ingeniero civil que fue un competente ex gobernador de la región Moquegua, que asume la Presidencia siguiendo el procedimiento constitucional sin una bancada parlamentaria propia y en medio de una lucha sin cuartel entre dos fujimorismos con poder. No hay un solo peruano que sepa si durará en el cargo hasta finalizar el periodo de Kuczynski, a quien ahora reemplaza, o si la dinámica de las cosas arrasará pronto con él y el Perú se verá obligado a ir a las urnas mucho antes de 2021. Y, en ese caso, es imposible saber qué producirá la indignación popular contra la clase política, si una decisión racional o un tsunami electoral a favor de algún iluminado o iluminada que ofrezca “barrer con todos”.
Por eso hablo de tiempo perdido, aunque quizá sea mejor hablar de tiempo muerto. ¿Qué decisiones sobre inversiones de capital o contratación de personal puede tomar empresa alguna en semejante contexto? ¿Qué garantía puede tener un gobierno de que la administración pública ejecutará las órdenes de arriba en este escenario de arenas movedizas? ¿Qué gobernabilidad, es decir qué marco de tipo institucional, puede regir la vida del Estado, y tras ella la vida civil bajo tales circunstancias? En los meses y años inmediatos, sólo cabe esperar tiempo muerto. Hasta que en algún momento vuelva a surgir esa mínima confianza que ponga el engranaje del progreso en marcha.
Qué extraordinaria responsabilidad les cabe hoy a las instituciones jurisdiccionales del Perú ante lo que está sucediendo. Tan importante como la que han tenido en años recientes la fiscalía y la judicatura brasileñas, gracias a las cuales -en gran medida- la democracia de ese país no sucumbió. Si la judicatura peruana, que está sometida a una presión descomunal de los politicastros que hoy avergüenzan a la conciencia civilizada del país logra ponerse a la altura de las circunstancias, existe la posibilidad de que la democracia se dé a sí misma la oportunidad de renacer de sus cenizas morales y políticas. Hay fiscales y jueces valientes que en estos meses han demostrado estar dispuestos a hacer lo suyo, pero los hay también, y son muchos, que forman parte de la podredumbre porque están al servicio de los partidos y líderes que hoy chapotean en la ciénaga peruana. Ojalá que el sector moral, democrático y decente sepa darles su respaldo y protegerlos de las interferencias indebidas para que ellos logren, como en Brasil, que el sistema democrático se sostenga y se recupere la confianza en el estado de derecho.
 

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