Balance deficitario de universidades y empresas en materia de transparencia activa
Javier Cubillas
Analista de Asuntos Públicos, Fundación Atlas para una Sociedad Libre.


Ya hemos comenzado a ver en las páginas especializadas (revistas, diarios, webs) cuales fueron los pros y contras del año 2018 en materia de gobierno abierto e integridad corporativa. Pero también ya comenzamos a visualizar las tendencias 2019 sobre el cambio y la innovación en las administraciones públicas y privadas.

Como las administraciones públicas están encorsetadas en procesos electorales y en arduos escenarios de modernización, lentos por cierto, pero que muestran cambios al menos en la administración central a nivel nacional, nos circunscribiremos en este caso sólo a resaltar la falta de proactividad del sector corporativo privado y del sector de entidades administrativas con competencia especial, en lo atinente a la materia de derecho de acceso la información pública, probidad, buen gobierno corporativo y Responsabilidad Empresarial Social, según las actividades que corresponden a cada sector. Todo esto resumido y sintetizado en lo que denominaremos técnicamente Políticas de Transparencia Activa.

Primero, en esta línea de reflexión, aquí hablamos de RES o RCS y no de RSE porque entendemos que es la responsabilidad en particular de los administradores, empleados y proveedores de una empresa la que afectará de manera positiva o negativa al contexto social. Creemos en este sentido, que es necesario el cambio de perspectiva conceptual en el que se ordene las acciones corrigiendo el error de denominación -ampliamente extendido- de Responsabilidad Social (ambigua e inexacta) por el de Responsabilidad Empresarial y/o Corporativa que impacta socialmente.

Segundo, el ámbito universitario nacional conformado por 57 unidades académicas ha salido al tapete nuevamente ante su histórica resistencia a ser auditado por el destino de los fondos públicos transferidos. Esto no supone en ningún caso inmiscuirse en la autonomía académica, de cátedra y gobierno de las universidades sino sólo dar a publicidad -conforme a la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los sistemas de Control del Sector Público Nacional y la N° 27.275 de Acceso a la Información Pública ( Art N° 7, inc. J) - si los $ 123.507.422,138 millones asignados por la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional N° 27.467 (Art. 12) aprobada por el Congreso Nacional para el presente año – segundo monto más importante después del de Jubilaciones y Pensiones- tuvieron y tendrán un uso acorde a la finalidad de la institución.

A partir de estos datos, entendemos que la Transparencia Activa es una propuesta de valor republicano para la sociedad y el mercado que no está implicado en las conductas y hábitos de la sociedad. Sólo bastan un par de preguntas que nos permitirían ver la opacidad con que el sector privado aún hoy opera: ¿Son transparentes en sus procesos de producción de bienes y servicios?, ¿Son transparentes en las relaciones con sus proveedores?, ¿Son transparentes en sus procesos de resolución de conflictos en el área de recursos humanos? ¿Son transparentes a la hora de solucionar las problemáticas de conflicto de género, de interés o ética corporativa, e incentivos y relaciones con el Estado?, ¿Son transparentes en la comunicación y publicidad de los productos y servicios que ofertan? En especial: ¿Son transparentes los actores de los sectores de combustibles, informática y big data, minería, textiles, alimentación y bebidas? Entre otras preguntas posibles a realizar, si nos atenemos a los problemas de agenda pública relacionados con la contaminación del ambiente, derechos al resguardo informativo, a la intimidad, al flagelo de la mal nutrición y las adicciones, etc.

¿Y si lo planteáramos para el sector universitario? ¿Son transparentes en sus procesos de selección de personal de sus administraciones, o en las designaciones de docentes en sus cátedras y en las relaciones con proveedores para que no incurran en conflicto de intereses? ¿Son transparentes en sus procesos de compras y contrataciones para el mantenimiento de aulas y espacios comunes? ¿Son transparentes sus procesos de obra pública de ampliación de instalaciones técnicas y laboratorios? ¿Dan a publicidad el estado de la rendición de cuentas de fondos transferidos y la firma de convenios con gobierno provinciales y nacionales? Entre otras preguntas que cualquier ciudadano podría hacer.

Para el caso entonces ¿Cómo podríamos definir a la Transparencia Activa de Empresas y o Corporaciones? Como el set de información pública de carácter administrativo, productivo y de recursos humanos que facilita el conocimiento sobre el gobierno y la administración de una organización privada sin que sea necesaria la solicitud o reclamo de un ciudadano o ente estatal. Esta información pública disponible no corresponde entonces a la información sensible de las personas, ni a aquella protegida por secretos industriales, comerciales, financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad, ni a aquella que pueda afectar intereses de terceros. Es información pública que debería estar alineada al core del negocio que le aportaría un valor de sustentabilidad a la firma.

Finalmente, si quisiéramos definir la Transparencia Activa de las Universidades Nacionales la guía se encuentra en el plexo normativo vigente de la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 27.275 (Artículos N° 7, N° 8, N° 32 y N° 33, principalmente) que regula el set de información pública que debería estar disponible vía web sin necesidad de solicitud previa y/o requerimiento en particular de alguna persona o ente estatal.

Entendido esto, es claro que hasta hoy la Transparencia Activa no es una propuesta de valor republicano que las universidades y empresas impulsen, y lo más importante todavía a recalcar es que, no es un reclamo exigido y extendido por parte de los estudiantes y consumidores o potenciales ciudadanos que se relacionen con estas organizaciones. Pensemos: ¿Cuánto más colaboraría en la elección de los consumidores el obtener información sobre la empresa a la hora de consumir o incluso a la hora de hacer valer sus derechos ante Defensa del Consumidor? Bastante, sin lugar a dudas. Y además: ¿Cuánto más colaboraría en la elección de un estudiante sobre qué universidad le conviene elegir si no conoce si el edificio, las instalaciones, equipos técnicos y profesores son los suficientes y adecuados para un óptimo dictado de la carrera que opta para su vida profesional? O incluso: ¿Cuanta información útil se aportaría dando a conocer los temas y textos completos de tesinas y tesis aprobadas? y también ¿ Cuál es la marcha y los resultados en materia de investigación científica aplicada y su impacto social? Todo es de especial relevancia.

Si miramos a este fenómeno desde una perspectiva de prácticas internas organizativas, desde las áreas de recursos humanos, de auditorías, de un oficial de cumplimiento o compliance, de un área de asuntos públicos o área de RSE, lo que hoy podemos avizorar es que en el mejor de los casos el norte está enmarcado en hacer cumplir algún grado de política anticorrupción en el sector corporativo y no es claro cuál es el esfuerzo del sector universitario al respecto. Lo claro es que aún estamos muy lejos de alcanzar una tendencia general de cambio pro culturas organizacionales con probidad 360º.

Resumiendo, estamos a medio camino e insertos en un cambio de época que impacta en las prácticas de las administración estatales, descentralizadas, con competencia especial y en las privadas en el que las organizaciones aún transcurren por dispares escenarios de cambios legales en materia anticorrupción pero que no alcanzan un desarrollo cultural ético 360º en la que cada persona sea un embajador y comunicador de la marca de gobierno, de empresa, o titularidad universitaria, teniendo como soporte reputacional a la Transparencia Activa que le antecede y pertenece.

Por ello, no podemos como sociedad civil seguir exigiendo unidireccionalmente a la política esfuerzos de transparencia cuando agentes de sectores productivos y académicos no realizan autocríticas sobre esta problemática y no han dado muestras, salvo alguna excepción a relevar y corroborar, de comprobados esfuerzos de coordinación social para enarbolar una ejemplaridad pública. Así, difícilmente como sociedad podamos alcanzar estándares comunes, positivos y sustentables -reconocibles como atributos de la imagen- de marca ciudad y/o marca país de Argentina para el mundo.


 

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